El martes pasado, la Corte Suprema del estado de Nueva York, con sede en Manhattan, le dio trámite a la acusación presentada por el gran jurado de ese circuito judicial contra el señor, Donald J. Trump.
Entre el 14 de febrero y el 5 de diciembre de 2017, el mencionado expresidente se habría concertado con su abogado o “componedor”, Michael Cohen y otros empleados de su emporio comercial, para realizar 34 asientos falsos en la contabilidad comercial del “Fideicomiso Revocable Donald J. Trump”, lo que, según la vindicta pública, constituye falsificación de registros, en primer grado, castigado por la Ley Penal, sección, 175.10 del mencionado estado.
En los días previos a las votaciones presidenciales de EE. UU., del 8 de noviembre de 2016, el aludido “componedor” o “fixer”, suscribió un acuerdo con el representante de una bailarina de striptease, para que ésta, no publicase los detalles de su supuesto amorío con el entonces candidato. Un escándalo de tales proporciones a semanas, apenas, de las votaciones pudo haberle arruinado las posibilidades a quien a la postre, salió victorioso en aquellos comicios. Cohen, de su propio peculio, le adelantó a la dama a cambio de su silencio, US $ 130.000,00 de allí que para recuperar su dinero los participantes del supuesto fraude, simularon unos inexistentes servicios “jurídicos”. Si la trama se urdió a espaldas del acusado o con su activa participación, es cuestión determinante en el veredicto final de este asunto.
¿Inhabilitar a un exprimer mandatario y, además, candidato con posibilidades ciertas de ganar las próximas elecciones presidenciales por unos delitos leves, en apariencia? Que el político que esté libre de no utilizar los tribunales para la persecución de sus adversarios, que tire la primera piedra.
Sin embargo, el Fiscal acusador les ha salido al paso a sus detractores. El ocultamiento de la verdadera finalidad de tales pagos mediante birlibirloques contables, además del delito de alteración de registros comerciales, constituye ilícito tributario. La severidad con que se castigan estos últimos, es legendaria en EE. UU.. A lo que se ha añade que, la Fiscalía, alega que contraprestaciones como las recibidas por la striper, en medio de una campaña electoral, habrían quebrantado la normativa aplicable en el estado de Nueva York (Consolidated Laws, Election Law - ELN § 17- 142 y 17-152).
En la actual etapa del proceso, del contenido de lo ya declarado por los testigos; de las documentales recabadas; de las experticias; de la data de las computadoras, teléfonos móviles. De los elementos incriminatorios, en general, permanece bajo reserva legal. Temerario cualquier pronóstico sin haberse, ni siquiera, fijado la audiencia pública, que es cuando sabremos el nivel de certeza de las evidencias.
Hacia dónde se dirija EE. UU., y su Presidente, en estos turbulentos años, en buena medida se dirigirá el Mundo. De allí que, el interés de las causas judiciales, actuales o potenciales contra el señor Trump, trascienda las fronteras de su país. La justicia de EE. UU., no es perfecta, pero es de las más confiables del Planeta. Hacemos votos por el apego estricto, al debido proceso. Sin linchamientos tribunalicios pero, por igual, sin privilegios especiales para nadie.
@omarestacio
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